El Gobierno de Líbano ha trasladado a Siria su preocupación por una nueva ley destinada a redesarrollar áreas devastadas por siete años de guerra, y que según Beirut podría obstaculizar el regreso de muchos refugiados sirios a su patria.
El ministro de Exteriores libanés, Gebran Bassil, ha avisado en una carta a su homólogo sirio, Walid al Moualem, de que los términos de la “Ley 10” podrían dificultar que los refugiados demuestren la propiedad y, a su vez, desanimen a algunos a regresar.
La legislación entró en vigor el mes pasado cuando el Ejército estaba a punto de aplastar los últimos enclaves insurgentes cerca de Damasco, consolidando el control del presidente Bashar al Assad sobre casi toda Siria occidental.
La ley permite que las personas demuestren que poseen propiedades en las áreas elegidas para el redesarrollo y que reclamen una indemnización. Pero los grupos de ayuda dicen que el caos de la guerra significa que pocos podrán hacerlo en el tiempo especificado. La ley aún no se ha aplicado.
Bassil, cuyo país alberga a más de un millón de refugiados sirios, expresó su preocupación por el limitado marco de tiempo dado a los refugiados para demostrar la posesión de sus propiedades.
“La incapacidad de los refugiados para presentar prácticamente lo que demuestra su posesión (de sus propiedades) durante el límite de tiempo dado podría llevarlos a perder sus propiedades y su sentido de identidad nacional”, ha escrito Bassil en la carta.
“Esto los privaría de uno de los principales incentivos para su regreso a Siria”, agregó, haciéndose eco de los comentarios a principios de esta semana del primer ministro libanés, Saad al Hariri, quien lamentó que la ley “le dice a miles de familias sirias que permanezcan en el Líbano” al amenazarlos con la confiscación de la propiedad.
