Beirut, 24 ago (PL) La internet ilegal emerge hoy como amargo aderezo para la conflictiva realidad de El Líbano, pues además de servir en bandeja pretextos para más rivalidades políticas, erosiona el erario público y pone en peligro la seguridad nacional.
En un gobierno maniatado y semiparalizado por falta de entendimiento entre sus ministros, cada uno de los cuales responde a sus respectivos partidos, el tema de la red de redes exacerba más divisiones y sirve de nido inmejorable para la corrupción en el sector público.
Durante una sesión del Comité legislativo de Telecomunicaciones y Medios (CTM), el ministro de Finanzas Alí Hassan Khalil aseveró que ‘el despilfarro en el caso de internet ilegal asciende a cientos de millones de dólares’.
Khalil, que en marzo fue más concreto y manejó la cifra de unos 200 millones de dólares anuales de pérdidas, da seguimiento al delicado asunto de las redes ilegales junto a los ministros de Telecomunicaciones, Boutros Harb, y de Defensa, Samir Moqbel.
También el diputado Hassan Fadlallah, jefe de la comisión legislativa que lleva el caso, coincidió en que los perjuicios a la economía libanesa rondan ese monto de dólares, pero quizás por su filiación al movimiento Hizbulah fue más allá y se refirió también a la vulnerabilidad ante Israel.
Lo insólito, según se desprendió de la afirmación de Khalil, es que ‘las compañías (que evaden las vías oficiales) son conocidas por sus nombres y algunas presentaron confesiones escritas’, y ahí siguen.
El titular de Finanzas, afín al movimiento chiita Amal, remarcó que se está en ‘presencia de un robo obvio del dinero público’ y estimó que ‘hay una persona responsable que debe ser imputada y juzgada’, en lo que se interpretó como alusión al gerente de la empresa estatal Ogero, Abdul Menhem Youssef.
La pelota, no obstante, parece haber caído en terreno de nadie debido a fuertes intereses particulares dentro de la frágil estructura del Estado.
Una mayoría nada despreciable de libaneses utiliza internet proporcionado en los barrios por negocios aparentemente particulares a un precio promedio mensual equivalente a unos 33 dólares, y por doquier es común ver tendederas de cables telefónicos que entrelazan edificio e incluso cuadras.
Obviamente, esa telaraña de proveedores vecinales suele ser dependiente de personas o grupos poderosos a los que la policía considera mafias toleradas.
En conversación con empleados de Ogero a raíz de la excesiva demora en reinstalar el servicio ADSL en la sede de Prensa Latina en Beirut, afloró que en el negocio ilícito están interconectadas compañías, tanto la del Estado como privadas, y aparatos policiales y judiciales.
En marzo, fueron detectadas y canceladas cuatro estaciones ilegales de internet en zonas montañosas con torres para servicio inalámbrico y equipos técnicos, y otras cuatro instalaciones sin licencia en Monte Líbano.
Justo en un país técnicamente en guerra con Israel, el contrabando de esos servicios elevó los riesgos, sobre todo la posibilidad de fisuras en la seguridad por la falta de estándares de controles básicos que exponen a El Líbano a terceros, en particular al régimen sionista.
Baste recordar que en noviembre de 2015, los aparatos de inteligencia arrestaron a tres personas acusadas de espiar para Tel Aviv utilizando, entre otras vías, cuentas en Facebook y otras plataformas de la red.
De acuerdo con datos oficiales, entre abril de 2009 y 2014 las autoridades de Beirut detuvieron a más de 100 personas por espiar para los israelíes, la mayoría de ellas miembros del ejército o empleados de telecomunicaciones.
Ya en marzo la CTM denunció lo que calificó de ‘una mafia que se aprovecha de los servicios de internet para instalar estaciones ilegales que no están sujetas al control del Estado’, comprando internet de banda ancha con costos nominales en Turquía y Chipre, que luego venden a suscriptores locales.
Fadlallah, del bloque Lealtad a la Resistencia, advirtió ayer que, de fracasar los intentos por determinar los culpables, ‘entonces desvelaremos las partes responsables de impedir (la labor) del Poder Judicial’.
El ministro de Telecomunicaciones, a quien se le recrimina que no trató de frenar la actividad ilegal, aunque la conocía desde septiembre de 2014, criticó que varios sospechosos no fueron interrogados, ‘a pesar de confesar por escrito ser dueños de aparatos usados para brindar internet ilegal’.
Al respecto, el legislador Alain Aoun, del Movimiento Patriótico Libre, llamó a los aparatos de seguridad a conducir ‘una investigación real y seria’ sobre el particular, una demanda en la que coinciden muchos políticos, incluso por razones de previsible espionaje israelí.
El Partido Socialista Progresista, por su lado, acusó a Ogero de ‘operar con un contrato ilegal’ y recordó que ningún equipo de telecomunicaciones ingresa al país sin permiso de esa empresa, que además es la única que posee materiales para monitorear todas las frecuencias nacionales.
Los tentáculos de la corrupción en internet en El Líbano son tan extensos y difusos que para ciudadanos consultados resulta impensable la solución, y lo comparan con el de la televisión satelital o la electricidad, que también disputan y distribuyen pequeños pero infranqueables consorcios de barrios.
