El Parlamento israeli aprobó por 60 votos a favor y 52 en contra, la legalización retroactiva de casi 4.000 viviendas de colonos judíos construidas en tierra palestina privada.
Las casas beneficiadas por la ley 3.850 se encuentran en 53 colonias judías consideradas ilegales por Israel que con la nueva normativa pasarán a ser legales y otros asentamientos. El derecho internacional señala que todas las colonias en territorio palestino son ilegales.
La Ley Regularización rompe con casi 40 años de veredictos de la justicia israelí contra la construcción de casas en propiedad privada palestina y supone la primera vez que el Parlamento legisla sobre Cisjordania, donde rige la ley militar. Este territorio palestino ocupado se encuentra fuera de la soberanía israelí y de la jurisdicción del Parlamento.
Las leyes de la Kneset afectan a Israel y a los territorios anexionados como Jerusalén este y los Altos del Golán, que corresponden a los palestinos y a Siria, respectivamente, según la ley internacional.
La luz verde a la ley es un hecho sin precedentes que las fuerzas de la oposición consideran el primer paso hacia la anexión de facto de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.
El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ha informado hoy al presidente de EEUU, Donald Trump, de que el Parlamento votaría la nueva iniciativa legal esta noche.
Según la ONG israelí Shalom Ashjav (Paz Ahora), la Ley de Regularización, “es un golpe mortal a la democracia y convertirá a ciudadanos israelís en ladrones. Cualquier persona podrá robar tierras en Cisjordania mientras lo haga para instalarse allí”.
La norma permitirá declarar propiedad estatal la tierra palestina sobre la que se hayan construido los “outposts” “por buena fe o a instancias del Estado” y negará a sus dueños legítimos el derecho a usar o mantener la propiedad de sus terrenos hasta que haya una resolución diplomática sobre el estatus definitivo de los territorios palestinos.
El propósito de la ley, que incluye compensaciones para los dueños de las tierras, es “regular los asentamientos en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania) y permitir su continuo establecimiento y desarrollo”.
El fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, es totalmente contrario al proyecto de ley porque contradice la ley internacional y aseguró que no la podría defender ante ningún tribunal.
La votación de la ley se produjo cuatro días después de que las fuerzas de seguridad israelís evacuaran el asentamiento de Amona, en Cisjordania, considerado ilegal por Israel. El Tribunal Supremo obligó a desalojarlo y demolerlo por estar construido en tierra palestina privada.
