‘El Ministerio de Relaciones Exteriores renueva su compromiso de dar seguimiento a la justa demanda de la Diáspora Libanesa’, subrayó Bassil al insistir a las comunidades de emigrantes para que ‘coordinen y cooperen con las misiones diplomáticas para registrarse y restituir la ciudadanía’.
La exhortación expresada en un comunicado recalcó que todas las personas que reúnan los requisitos deben ‘registrarse y aplicar por un formulario para recuperar un derecho contemplado en la conocida aquí como Ley 41, aprobada por el parlamento en 2015.
La ley ya había sido adoptada, luego de varias sesiones, debates y polémicas entre fuerzas políticas cristianas y musulmanas, desde el 12 de noviembre de 2015, con lo cual se permitió a la diáspora reclamar su nacionalidad perdida y tener el derecho a retornar a su país de origen.
Durante la tercera conferencia Energía de la Diáspora, efectuada en Beirut en mayo del pasado año, Bassil anunció el inicio de la implementación de dicha normativa, de la cual dijo que ‘fue un sueño y ahora es una realidad.
En un discurso ante más de mil emigrantes que viven en más de 80 países, les comentó que ‘ustedes son la forma más efectiva que tiene el Líbano para enviar su mensaje al mundo’.
Fuentes jurídicas explicaron a Prensa Latina que mediante la ley se puede recuperar la nacionalidad desde la tercera generación (abuelo, bisabuelo o tatarabuelo), y para ello se necesita contar con uno de los antepasados de origen libanés que esté inscrito en los registros de las embajadas.
Sin embargo, las autoridades de este país levantino recordaron que, al igual que ocurre en la mayoría de estados árabes, la ciudadanía ‘se hereda por vía paterna’.
La nacionalidad libanesa puede obtenerse por nacimiento o naturalización, pero únicamente la transmiten los hombres, de ahí que un padre libanés que posea esa ciudadanía puede automáticamente conferirla a hijos y esposa extranjera. A las mujeres, en cambio, les está vetado pasarla a sus hijos y a sus esposos de otras naciones.
Desde el año pasado, la cancillería lanzó un programa especial de recuperación de ciudadanía para los descendientes de emigrantes que es gratuito y permite a quienes clasifiquen adquirir derechos en los ámbitos de negocios, financieros, sociales, políticos, consulares y otros.
