A las puertas de la embajada española en Beirut, Ola el Tinani estruja compulsivamente un pañuelo entre sus manos. Su hijo Kifah, de 12 años y el cadete de cuatro, se esconde detrás de sus faldas. Junto a ella, su marido Samir al Tinani, de 42 y albañil de profesión, se esfuerza por mantener una rígida mueca por sonrisa. “Nos llamaron hace una semana para darnos cita, pero no sabemos si vamos a volar mañana o cuándo”, dice angustiada el Tinani que jamás se ha subido a un avión, y los únicos que ha visto fueron los bombarderos de los que huyó en Siria. Son la primera familia de refugiados sirios de entre las 17 que fueron llamadas este lunes en tramitar sus documentos de viaje ante las autoridades españolas en el Líbano. Bajo un sol inclemente y en pleno mes de ayuno musulmán, van llegando los autobuses procedentes de las afueras de Beirut, de la Bekaa, al este del país, y de Trípoli al norte. Conforme registran sus huellas dactilares y son informados del proceso, los rostros se relajan y reaparecen las sonrisas.
“España acogerá a un total de 285 refugiados en dos tandas”, dice Paloma Pino, miembro de la delegación del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social (MESS) que se ha desplazado al Líbano para gestionar las entrevistas con los refugiados. Los próximos 28 y 29 de junio, un primer grupo de 82 personas, entre ellos 46 menores, volarán desde Beirut para comenzar una nueva vida en ese desconocido país que para ellos es hoy España. Más tarde, otros 203 aun por seleccionar harán lo propio. Hace un mes que la familia el Tinani recibió una llamada de ACNUR. “!Nos preguntaron que si queríamos ir a España! Rompí a llorar. No me podía creer que tendríamos otra oportunidad”, espeta el Tinani, cuya principal preocupación es que ninguno de sus pequeños haya pisado un aula en cinco años. Hace cuatro y medio que esta familia abandonó su casa en Zabadani, en la periferia de Damasco, huyendo de un hogar que quedó atrapado en el frente entre rebeldes y Ejército regular sirios. Desde entonces, y junto a otro millón de refugiados según Acnur, la agencia para los refugiados de la ONU, o dos según el Gobierno libanés (lo que cuenta por el 25% de la población total), sobreviven en Líbano alternando entre asentamientos informales o desvencijados cuartuchos.
Desde que el pasado mes de mayo España aprobara las 285 plazas, el Ministerio del interior se ha hecho cargo de los trámites legales así como de cruzar los datos que permitan comprobar los antecedentes penales de los seleccionados. Este grupo de 82, elevaran a 202 los refugiados acogidos en España de la cuota de los 16.000 a los que se comprometió ante la Unión Europea. Por su parte, Acnur ha sido el organismo encargado de establecer los criterios de selección. “Se trata de familias vulnerables como aquellos que han sobrevivido a casos de tortura o violencia, mujeres y niños en riesgo, así como aquellos que necesitan protección física y legal”, puntualiza Matthew Saltmarsh, del departamento de comunicación de Acnur en Beirut.
En la sala de espera, la gran mayoría son familias, musulmanas y de clase media. Trabajadores de la Organización Internacional para la Migración apoyan en la parte logística, mientras que es el MESS quien se hará cargo del proceso de integración de los refugiados en España. “Estamos aquí para identificar los perfiles de los seleccionaos y evaluar cómo repartirlos entre las comunidades autónomas según sus necesidades particulares”, dice Pino. Las familias aguardan en silencio lo que seguramente sea uno de los momentos más importantes de su vida: el curso de orientación previo a su viaje a España. Pero lo único que les importa ahora es que sea “un país seguro”. Los menos recuerdan las clases de historia sobre la conquista Omeya de Al Andalus, los más, se decantan por su favorito entre Messi y Ronaldo.
Pino comienza la sesión situando a España en un mapa, sus fronteras y población. Para pasar a explicar que tendrán un periodo de transición de tres a nueves meses en centros de acogida donde recibirán clases de español, atención médica y que en la sociedad que integrarán habrán de buscar trabajo, tanto ellos como ellas. El Gobierno español se hará cargo de la manutención y alojamiento hasta que logren integrar el mercado laboral, y ello por un periodo máximo de dos años. Cumplidos los cinco de residencia y en tanto que amparados por la protección internacional, podrán optar a la nacionalidad. Sin embrago serán extraditados a España si intentan asentarse en otro país de la UE.
