El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, que fue adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977, con el
objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su
empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad.
El Gobierno de España muestra su firme compromiso con la promoción y protección de los
derechos de las mujeres y niñas, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como
con las políticas públicas que resuelvan las desigualdades materiales, simbólicas y de valor que
enfrentan las mujeres.
Con este motivo, a propuesta de la Ministra de Igualdad, del Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación y del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el
Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:
“Este año, lamentablemente, tenemos que comenzar nuestra declaración institucional exigiendo
el cese inmediato de la agresión de Rusia a Ucrania. España hace un llamamiento para que se
intensifiquen todas las medidas que prevengan la violencia sexual y de género contra las mujeres
y las niñas y, en particular, contra las desplazadas y refugiadas, así como la trata de personas, y
ofrece su colaboración para lograrlo, en alianza con los Gobiernos y organizaciones sociales de
los Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, es necesario insistir en la necesidad de
garantizar la participación efectiva de las organizaciones de mujeres en la respuesta humanitaria
y nos comprometemos a trabajar en ese sentido.
A pesar de los más de 50 años de desarrollo de políticas públicas de igualdad de género en los
países de la Unión Europea, las desigualdades siguen estando muy presentes. El Índice Europeo
de Igualdad de Género que elabora anualmente el Instituto Europeo para la Igualdad de Género
Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las
Mujeres
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(EIGE, siglas en inglés), pone de manifiesto que las desigualdades entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos siguen existiendo y que la igualdad avanza de forma muy lenta.
Particularmente en el año 2021, el informe del EIGE evidencia el impacto negativo de la
pandemia de la Covid 19 para las mujeres en el trabajo, la salud y la economía. El citado informe
señala que, de seguir con este ritmo de progreso, harían falta casi tres generaciones para
alcanzar la igualdad de género en la Unión Europea.
España ha manifestado su firme compromiso con las políticas feministas a través de la
ratificación de los principales instrumentos internacionales tales como la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica (Convenio de Estambul), a través de la adhesión a los acuerdos globales como la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la propia Agenda 2030 y, por último, mediante el
impulso de los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género.
Gracias a este compromiso y a la intensa actividad institucional desarrollada en los últimos años,
España obtiene puntuaciones superiores a la media europea en el Índice Europeo de Igualdad de
Género, alcanzando en la actualidad la sexta posición. Pero, a pesar de ello, la realidad es
incontestable y los datos no dejan margen para la interpretación: la vida de las mujeres es
manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres
concentran en España las tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial, su inactividad es 10
puntos superior a la de los hombres y se concentran más en los sectores más precarizados.
Todos estos datos arrojan luz sobre un hecho de sobra reconocido: el cuidado de las personas
dependientes de las familias, ya sea ascendientes o descendientes, sigue recayendo en su
mayoría en las mujeres, lo que tiene consecuencias innegables sobre su acceso al mercado de
trabajo su participación social y, por tanto, sobre sus ingresos e independencia económica
presente y futura
De hecho, la brecha retributiva, a pesar de haberse reducido en el último año, alcanza todavía el
19,5 % en cómputo anual, según datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2019. Las
mujeres tienen menos tiempo disponible y su representación en los órganos de mayor poder y en
algunos sectores es muy escasa. Y las mujeres también sufren una mayor vulnerabilidad frente a
la explotación y la violencia. Desde el año 2003, 1.132 mujeres han sido asesinadas a manos de
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sus parejas o exparejas, y desde 2013, 46 menores han sido asesinados como consecuencia de
la violencia de género contra sus madres, según datos de la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género. Estos asesinatos constituyen la punta del iceberg de una violencia
sistémica ejercida contra las mujeres y la manifestación más atroz de la desigualdad entre
mujeres y hombres.
Estas desigualdades tienen importantes consecuencias para toda la sociedad. Son múltiples los
estudios que calculan el coste que tiene la infrarrepresentación de las mujeres en la economía.
De acuerdo con el 10º Informe ClosinGap sobre el coste de oportunidad de la brecha de género
en posiciones de notoriedad pública, España podría incrementar en más de un 18,6% su PIB con
una mayor participación de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad, incrementar la
capacidad de innovación y producción mediante su empleo en el sector digital y crear miles de
empleos si hubiera un reparto equilibrado de las tareas del cuidado. A este coste económico hay
que sumarle otro aún más significativo, el coste humano, que afecta tanto a las mujeres como a
los hombres, en cuanto lastra su capacidad de desarrollo personal y profesional.
Tras dos años de una grave crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la
COVID 19 y más de una década después de la aprobación de una generación de derechos
feministas -que representó el matrimonio igualitario (mediante la aprobación de la Ley 13/2005,
de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio),
así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra
la violencia de género-, que situó a nuestro país en la vanguardia de los derechos de las mujeres,
el Gobierno da un nuevo impulso. Una nueva generación de derechos feministas se abre paso,
traduciendo en políticas públicas la agenda que se viene demandando desde el feminismo:
reconocer el derecho al cuidado y valorar adecuadamente los trabajos que históricamente han
sido realizados por mujeres que han sostenido la vida; garantizar la igualdad en el ámbito laboral;
redistribuir los trabajos, los tiempos y la riqueza; eliminar todas las formas de violencias
machistas, impulsar políticas públicas frente a la trata y la explotación sexual; y avanzar en
derechos sexuales y reproductivos, garantizando la libertad sexual de las mujeres.
Este 8M queremos señalar que este proyecto feminista ya está en marcha. El III Plan Estratégico
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante PEIEMH), que hoy aprueba
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igualmente el Gobierno, recoge la agenda política en materia de igualdad para los próximos
cuatro años (2022-2025) y se configura como el principal instrumento del Gobierno para alcanzar
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, garantizando el principio de transversalidad
en su desarrollo. Con esta finalidad, el Plan se estructura en torno a cuatro ejes de intervención.
En primer lugar, el Buen gobierno, para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y
democrático; en segundo lugar, la Economía para la vida y el reparto justo de la riqueza, contra la
feminización de la pobreza y la precariedad; en tercer lugar, Vidas libres de violencia machista
para las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia; y por último, un
cuarto eje que pretende asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en
todos los ámbitos de la vida.
El feminismo es un proyecto de país que implica otra manera de relacionarnos entre hombres y
mujeres, y también otro modo de relacionarnos con el mundo. Es un proyecto, por tanto,
ambicioso, que pone encima de la mesa una agenda de transformaciones profundas en lo
político, en lo cultural, en lo social y económico. Es por ello que aspira a volver a escribir muchas
de las cosas que hemos asumido como cotidianas en nuestro día a día, pero que sin embargo
responden a una manera de relacionarse en la que las mujeres asumen siempre una mayor
carga. El feminismo apuesta por una forma de organizar nuestra sociedad, en la que el trabajo de
cuidar de hijos e hijas o mayores, no solo recaiga sobre las mujeres, sino que se reparta de
manera corresponsable y en la que las administraciones públicas sean también capaces de
contemplar la garantía del derecho a ser cuidados y cuidadas como una de las políticas públicas
a desarrollar. Esto último hace que no solo se trate de una transformación social, sino también
económica, para la cual es imprescindible que las propuestas que la concitan también sean
asumidas por parte de los poderes públicos, así como de toda la ciudadanía. El feminismo es, por
tanto, no solo una manera de relacionarnos o de estar en el mundo, sino también un proyecto de
país, una manera de entender el Estado.
España es un país feminista, y lo es porque el feminismo ha logrado convertir en sentido común
las cuestiones feministas. No podemos entender las sociedades que vienen, la España y la
Europa que viene, si no es de la mano del feminismo, de la universalización de la igualdad y la
libertad y los derechos garantizados para todas las personas.
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El feminismo es hoy una visión de futuro, un nuevo proyecto de país que aspira a poner en
marcha las transformaciones democráticas que necesitamos, para que la igualdad y la libertad,
tal y como prescribe nuestra Constitución, sean los pilares centrales de nuestra sociedad.